Los desahucios siguen ejecutándose en España este 2013, a pesar de la normativa europea en contra de las clausulas abusivas en las hipotecas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha conseguido negociar en estos primeros meses hasta 300 desalojos, el año pasado logró paralizar 500. Fue el momento más delicado, porque en 2012 los desahucios se incrementaron casi un 20%.
José Luis y Lara fueron desahuciados hace nueve meses, solo les queda la llave del buzón. Lara no cree que la vida le vaya a dar una segunda oportunidad.
Ella, su marido y sus dos hijos reciben tratamiento psiquiátrico desde entonces. Toman 12 pastillas diarias para frenar su constante estado de nervios. Viven separados y con una permanente sensación de culpa.
"No podemos rehacer nuestra vida y encima vamos a amargar la jubilación de nuestros padres", dice Lara Paz.
Pero no todas las historias acaban así. Gladys llegó a un acuerdo con su banco y consiguió la condonación de su deuda. Ya no tiene hipoteca, pero tampoco tiene casa. Se siente estafada y su lucha se centra ahora en conseguir un alquiler social.
"Es largo, penoso y muy duro este procedimiento. Si estoy en este punto de mi vida es porque realmente la banca me ha estafado", se lamenta Gladys Cerna.
El toque de atención que Europa dio a España para que relajara las presiones de los bancos, la aprobación de un nuevo Decreto Ley para frenar los desahucios, y la medación de asociaciones y plataformas han conseguido suavizar los datos de desahucios.
"Entorno a los 300 desahucios se pueden haber parado desde los ultimos seis meses. Queremos hacer una llamada a las personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria, que se movilicen. Porque ahora más que nunca la movilización es lo más útil", informa Rafael Mayoral, Portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca.
Sótanos que siguen inundados
Nuevo choque entre Gobierno y el Ejecutivo de Mazón por la limpieza de los garajes anegados
El contexto La ministra Margarita Robles fue increpada en su visita a Paiporta por algunos vecinos a cuenta de las labores de limpieza de los garajes anegados. Robles recordó que esa gestión es competencia de los alcaldes y el CECOPI. Por su parte, el Ejecutivo de Mazón acusa a la ministra de actuar sin empatía.