El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la nueva Ordenanza del Uso Cívico de los Espacios Públicos, que entrará en vigor en septiembre, y que prevé, entre otras sanciones, multas de entre 100 y 750 euros por saltar de balcones a piscinas o pasar de un balcón a otro, prácticas conocidas como 'balconing'.
Según ha anunciado el alcalde, Antoni Noguera, en una rueda de prensa, el ámbito de aplicación de la nueva ordenanza serán los espacios públicos y los privados de uso público como establecimientos comerciales. La concejala de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, ha desgranado las medidas que se van a adoptar, entre las que destacan la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas entre las 12 de la noche y las ocho de la mañana si se han de consumir en el exterior del local que las suministra.
Existirá obligación por parte de los locales de restauración de servir los productos sólo en el interior del local o terraza. No se podrá llevar el torso desnudo, excepto en primera línea de playa, ni exhibir los genitales ni practicar nudismo donde no esté expresamente autorizado, recoge la norma aprobada inicialmente.
Se penará dificultar el uso de la vía pública o la circulación a personas que tengan derecho a ello y no se podrá practicar la venta ambulante de productos sin licencia, incluidas las bebidas alcohólicas. Será sancionada la concentración para hacer 'botellón' si se deteriora la tranquilidad del entorno, si se provocan situaciones de insalubridad o denigrantes para personas y si participan menores en el consumo de alcohol o drogas.
No se podrá saltar de un edificio a otro o entre dependencias del mismo edificio ni practicar 'balconing', cuando implique la posibilidad de una caída a la vía pública. Asimismo, estará penado fomentar y organizar excursiones etílicas o similares, así como la incitación al consumo masivo de bebidas alcohólicas.
La ordenanza sancionará económicamente la práctica de actividades fraudulentas como el 'trile'. Las infracciones leves, entre las que se encuentra el 'balconing' serán objeto de multas de entre 100 hasta 750 euros; por las graves se impondrán de 750 a 1.500 euros; y las muy graves se sancionarán con entre 1.500 y 3.000 euros de multa.
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Localizaba establecimientos con un único trabajador, realizaba su pedido y al proceder al pago, aprovechando el despiste del dependiente, lo amenazaba con un arma hasta que le entregaba el dinero de la caja registradora.