Que ningún alimento acabe en la basura. Ese es el objetivo de la proposición no de ley que ha aprobado el parlamento canario. Quieren que la comida que sobra en los comedores escolares se reparta entre las familias con menos recursos. Una propuesta que hoy por hoy es inaplicable.
La actual normativa prohíbe distribuir y consumir fuera de los centros educativos la comida que se prepara para los alumnos. Para llevar a cabo esta iniciativa, habría que cambiar la ley y el Gobierno canario no está por la labor.
Los motivos son puramente sanitarios. Ningún colegio ni ninguna empresa de catering quiere hacerse responsable del estado en el que esos alimentos lleguen a las familias. Aseguran que estos traslados no son fáciles: la comida está cocinada y debe mantener su temperatura y permanecer completamente hermética hasta su consumo. Si no se respetan los protocolos, se podría producir una contaminación.
Las ONG también rechazan esta propuesta. Creen que puede resultar discriminatoria y piden otras soluciones más realistas. A nivel nacional, otras iniciativas para aprovechar los excedentes de comida también han caído en saco roto.