La investigación puso al descubierto la práctica de abortos a las víctimas que se quedaban embarazadas mediante la falsificación de recetas a nombre de las personas mayores que las chicas cuidaban, obteniendo pastillas que pueden provocar abortos al ser administradas en determinadas condiciones.

Esta práctica se llevaba a cabo en domicilios privados, sin control facultativo y en algunos casos a mujeres en un estado de gestación superior a los cuatro meses, enterrando después los fetos.

La organización la dirigían dos hermanas nicaragüenses que bajo la promesa de conseguir a sus víctimas un trabajo como empleadas de hogar, animaban a sus compatriotas a venir a España con un alto préstamo, del que una parte se destinaba a la compra del billete de avión y otra para acreditar medios de vida en la frontera.

Además de las dos hermanas, han sido detenidos cuatro hombres y nueve mujeres de entre 28 y 56 años, naturales de Guinea, Marruecos, Bélgica, Bolivia y España.

Las jóvenes entraban en España a través del aeropuerto de Barcelona, desde donde eran trasladadas en autobús a Murcia y recibidas por sus captadoras o algún colaborador.

Posteriormente, las desplazaban a un domicilio situado en la capital murciana y, tras quitarles el dinero prestado que les quedase, las alojaban temporalmente en la vivienda en condiciones de hacinamiento e insalubridad extremos, durmiendo incluso en el suelo, hasta que se les encontraba un trabajo doméstico donde vivían.

Una vez 'colocadas' laboralmente bien como empleadas de hogar o cuidando a personas mayores y bajo un control estricto, recibían un salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda, que generaba unos altísimos intereses, y para pagar su alojamiento.

De ese modo a las víctimas les era imposible saldar la deuda y tenían que soportar jornadas laborales excesivas. Con el objeto de poder salir de esta situación, algunas de las chicas optaron por prostituirse y destinar a pagar el dinero que adeudaban a las responsables de su traslado a España.

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