"La falta de varón no es un problema médico". Esta declaración realizada por la ministra de Sanidad, Ana Mato podría no ser legal.
Una sentencia en 2011 obligó a la Sanidad Pública a pagar el tratamiento de fertilidad a una madre lesbiana por que si no, dice, "se obliga a una persona de orientación homosexual a tener relaciones heterosexuales para alcanzar la procreación".
"Fue algo duro. Nos tienen que tratar a todas las mujeres por igual", dice Silvia García, la madre lesbiana a la que la sentencia le dio la razón.
Esa discriminación también la sienten ahora los colectivos homosexuales. "No atiende a la diversidad familiar que está avalada por la ley y sancionada por el Tribunal Constitucional recientemente", informa Gloria Fortún, la presidente de la asociación Familias LGBT.
Y las madres solteras se sienten ahora de segunda. "Como si nuestra familia no fuera válida, fuera un capricho y solamente pudieran formar familias parejas", dice una madre soltera.
Creen que la ministra les perseguia desde el borrador de la ley. Entonces hablaba de que la inseminación en la Sanidad Pública solo sería para las parejas de hombres y mujeres esteriles.
El criterio de esterilidad ha ofendido hasta a los ginecologos. "No podemos poner barreras a que las mujeres infértiles, pero también mujeres que por otras circunstancias no pueden tener hijos de manera natural, no accedan a estos recursos", opina Isabel Serrano, ginecóloga de la plataforma "Decidir nos hace libres".
Porque, además, que se matice esterilidad como "ausencia de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal", es, para varias Comunidades Autónomas, retrogrado.
"Creo que el texto no se somete a ningún tipo de interpretación. Directamente se excluye a las madres solteras, mujeres que deciden afrontar este reto en solitario, y también a las parejas de lesbianas", explica María Jesús Montero, Consejera de sanidad de Andalucía.
Andalucía, Canarias y País Vasco ya han dicho que ellos mantendrán las prestaciones para todos.