Tres jueces han sido suspendidos tras absolver a un joven que había violado a una chica en Perú al alegar que la joven quería mantener relaciones sexuales porque llevaba bragas rojas de encaje.
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú ha suspendido ahora a los magistrados durante seis meses al considerar que esa afirmación "podrían haber ofendido la dignidad de la víctima".
La violación sucedió en Ica, Perú. Entonces, los jueces Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro determinaron que la víctima estaba buscando un encuentro sexual por su ropa interior.
Una afirmación que ha provocado que la jefa de la OCMA, Mariem de la Rosa, les suspenda durante seis meses a raíz de un procedimiento disciplinario abierto a estos magistrados después de la controvertida absolución, que generó protestas en las redes sociales y en manifestaciones públicas.
La jueza considera que los magistrados habrían utilizado afirmaciones que ofenderían la dignidad de la víctima por su carácter subjetivo y "bajo una presunta visión estereotipada que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado, a través de un Juez como operador de justicia".
El tanga como excusa
En la resolución de absolución, difundida en octubre pasado, los jueces del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur expresaron que el "que la agraviada haya usado tanga de color rojo con encaje conlleva a inferir que estaba dispuesta a tener relaciones (sexuales) con el imputado".
Además, agregaron que "la máxima de la experiencia" señala que esa prenda es usada para ocasiones de intimidad, lo cual desvirtuaría un escenario de agresión sexual y también el peritaje psicológico que dijo que la víctima era "tímida", en el sobreentendido que solo una mujer "atrevida" llevaría ese tipo de prenda.
"Que haya usado tanga de color rojo con encaje conlleva a inferir que estaba dispuesta a tener relaciones con el imputado"
El órgano de control considera que los jueces suspendidos han violentado la perspectiva y el enfoque de género, porque resulta "inconcebible que se prejuzgue" a una denunciante por el tipo de atuendo y que este haya representado un "consentimiento tácito".
Contra la revictimización
La abogada de la organización feminista Demus, María Ysabel Cedano, ha explicado que "la OCMA está cumpliendo con su deber de actuar de oficio frente a cualquier discriminación y revictimización de las personas que son víctimas de delitos sexuales y de cualquier otro delito".
Además ha afirmado que este órgano de control está "escuchando la demanda y la protesta por la indignación de muchos colectivos (feministas), que enteradas de esta sentencia salimos a protestar en las redes sociales y en las calles", recordó.
La protesta por este caso se sumó a otras denuncias de violación sexual y cuyas víctimas también fueron objeto de prejuicios, como la joven que fue atacada por cinco hombres en Lima y que fue señalada, por el abogado de uno de los agresores, como una persona a la que "le gusta la vida social" para desvirtuar su acusación.
"Usualmente, los abogados de los violadores todavía se empecinan en destruir la credibilidad del testimonio, en base al pasado sexual o la vida sexual de la víctima", afirmó Cedano.
Prohibido indagar en la vida sexual
La abogada mencionó que, para resolver esta situación tan recurrente en los casos de agresión sexual, en 2011 hubo un acuerdo plenario de la Corte Suprema Penal que precisó sobre la valoración de las pruebas sobre delitos sexuales, los prejuicios de género y que "no se puede indagar sobre el pasado sexual de la víctima o exigir resistencia física para probar consentimiento".
En tal sentido, Cedano señaló que la sala de Ica hizo caso omiso a ese acuerdo plenario y ahora corresponde sancionar el machismo en esa sentencia absolutoria, como también la presunta corrupción.
"Estamos hablando de un sistema judicial que, muchas veces, usa estos argumentos machistas, que creen que es la única manera con que van a poder responder a la corrupción, que quiere comprar su decisión", expresó.
Con la decisión de la OCMA, la resolución absolutoria del presunto violador puede seguir el camino para ser anulada, de la misma forma que la Corte Suprema de Justicia podrá revisar esta sentencia apelada por la defensa de la víctima y por el Ministerio Público.
Según información de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, unas 6.893 denuncias por violencia sexual fueron presentadas entre enero y septiembre de este año, aunque las organizaciones feministas consideran que la cifra debe ser mayor.
