La Comisión Técnica del Taxi y el Instituto Metropolitano del Taxi consideran que Uber ofrece un servicio que incurre en una "actividad desleal", ya que infringe la ley del taxi y opera en condiciones de ventaja respecto a los demás taxistas.
Por su parte, fuentes de Uber han señalado que la empresa "cumple con todas las leyes fiscales aplicables y paga impuestos en todas las jurisdicciones, como por ejemplo el impuesto de sociedades, IRPF, impuesto sobre ventas y consumo e IVA".
Las mismas fuentes han asegurado que Uber mantiene un diálogo "constructivo" con la administración sobre cómo Uber "puede encajar mejor en el contexto catalán y español". En el informe, los taxistas argumentan que la actividad de Uber afecta al consumidor final en la medida que las prestaciones que ofrece no están sometidas a ninguna regulación, a diferencia del servicio de taxi.
En este sentido, el STAC y la Comisión Técnica del Taxi consideran que la situación derivada de la puesta en marcha de Uber en Barcelona puede suponer un "enriquecimiento injusto", según han detallado en un comunicado.
Por otro lado, en el informe remitido a Consumo se señala que Uber puede estar incumpliendo el código de consumo de Cataluña, porque la prestación de un servicio con un vehículo de motor "tiene una íntima conexión con la seguridad pública en su vertiente de seguridad vial y el riesgo para las personas".
Además, otro de los preceptos que Uber puede estar incumpliendo, según los taxistas, es la debida formación de los conductores, los sistemas de control técnico de los vehículos y la "protección tarifaria" propia de un servicio público.
Finalmente, los taxistas han añadido que Uber podría estar infringiendo la ley referente a los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. La Comisión Técnica del Taxi está constituida por el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC), la Coordinadora Metropolitana del Taxi (CMT), Taxi Companys y la Asociación Empresarial del Taxi (AET).