"Al tomar
conocimiento de esa lista que había de determinadas prendas, se ha dejado sin
efecto la circular únicamente en cuanto a ese listado del tipo de
vestimenta", dijo el presidente del TC, Oswaldo Valencia, según la agencia
estatal ABI.
Indicó que sí queda en
vigor la decisión de que los trabajadores del tribunal tengan a la vista sus
credenciales institucionales, así como el registro en Recursos Humanos de
quienes usen vestimentas correspondientes a los pueblos indígenas.
La decisión del TC,
divulgada el lunes por los medios, también prohibía el uso de pantalones
estampados, chaquetas de cuero, camisetas, vestidos cortos y zapatillas
deportivas. A la vez, el Constitucional pedía a sus empleados vestir de manera
"formal y discreta". "El incumplimiento de la presente
instrucción dará lugar a la aplicación de sanciones; además de que no se
permitirá su ingreso a la institución", señalaba el polémico comunicado de
la entidad.
El vicepresidente del
país, Álvaro García Linera, se sumó a las críticas a aquella decisión, que
calificó de "ridícula", "fallida" y "absurda", si
bien celebró que el TC haya retrocedido en la aplicación del instructivo.
"Era una restricción cargada y llamada a controlar la indumentaria de la
mujer, lo que denota un tipo de pensamiento no solamente machista, sino
patriarcal y discriminatorio", dijo el vicepresidente a los medios en La
Paz.
Además del repudio
generalizado, la decisión del Constitucional "iba a tener efectos
legales", ya que el Viceministerio de Descolonización estaba preparando la
documentación para presentar un recurso, indicó García Linera, que ejerce la
Presidencia interina por el viaje de Evo Morales a Nicaragua.
La prohibición desató
comentarios de rechazo en las redes sociales contra el Constitucional, más
tomando en cuenta que el Poder Judicial en Bolivia atraviesa una crisis por
reiteradas denuncias de corrupción, ineficacia y violación de derechos.
Varios internautas y
medios han destacado que en Bolivia existe una ley contra todo tipo de racismo
y discriminación que cuestiona la aplicación de distinciones o exclusiones por
múltiples razones, entre ellas por la vestimenta.