El bailaor Rafael Amargo ha vuelto a ser detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y atentado contra la autoridad. La Policía Nacional investiga al bailaor granadino desde el pasado mes de julio a raíz de una denuncia de sus vecinos por presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

La situación llegó a ser "insostenible", según apuntan a Europa Press fuentes policiales, y los vecinos del artista interpusieron una denuncia el pasado 21 de julio por "venta y tráfico de estupefacientes" desde su vivienda en la citada calle.

Según consta en la denuncia, recogida en el atestado policial, los residentes se quejaron en una junta de vecinos por el continuo tránsito de personas en ese piso, algunos de los cuales "se quedaban a dormir en el descansillo de pisos superiores" al residir Amargo en un bajo. "En la actualidad dicho tránsito no solo se ha mantenido constantemente, sino que se han visto jeringuillas, papel Albal (de aluminio) y colillas en el portal de la finca", recoge la denuncia.

El atestado recayó en el Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, cuyo titular acordó el pasado 16 de septiembre abrir diligencias y oficiar a la Policía para esclarecer los hechos. Tras ello, comenzaron las vigilancias diarias sobre el piso del artista. El bailaor fue detenido anoche en Alicante tras salir de una actuación, por un supuesto delito de tráfico de drogas desde su casa de Madrid y por un delito de atentado a la autoridad, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La detención se realiza a raíz del arresto el pasado mes de febrero del presunto suministrador de sustancias, a quien el juez puso en liberad hace unas semanas con cargos. Junto al artista, habría sido detenida otra persona, según indican las mismas fuentes.

Amargo ya fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'operación Codax'. El juicio por esta causa se celebrará el próximo mes de junio por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por la supuesta venta en su propio domicilio de sustancias estupefacientes a terceras personas de manera "persistente" a cambio de dinero.

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