La polémica por el nuevo proyecto de ley de seguridad privada, que pretende dar permiso a los agentes de seguridad a detener y registrar a personas en el ámbito comercial, no ha hecho más que empezar. Tras las dudas surgidas en los medios de comunicación, los propios afectados también han expresado su malestar. Los vigilantes creen que sus nuevas atribuciones, patrullar calles comerciales, capacidad de detener o pedir identificaciones en la vía pública, pueden llegar a ser discriminatorias. "Si me indican que identifique a un mendigo lo tengo que hacer, porque al final yo al que doy cuenta no es al interés general, sino a la empresa que me paga", indica Isidro Beltrán, vigilante desde hace 28 años.
Pero no es el único problema. Hay trabajadores que consideran que no han recibido una formación suficiente para llevar a cabo dichas funciones. Para ser vigilante las pruebas físicas que hay que pasar son menos exigentes que las de la policía, y hay que superar un examen teórico de 80 preguntas después de hacer un curso de unas 180 horas. Por eso el sueldo es de media 400 euros menor que el de un agente de la autoridad. "Con la modificación de la ley, que les da casi el carácter de agente de la autoridad, lo que tenemos son policías baratos en las calles", se queja Jesús Martínez, de CCOO.
Hay vigilantes que sí se sienten preparados para ejercer sus nuevas funciones, pero siempre que las empresas den la formación que a partir de ahora les obliga la ley, como José Luis Campillo: "Si me trasladan de aquí a la calle Preciados a hacer vigilancia, me tienen que dar formación específica para la vigilancia que hay aquí". Al final, todos consideran que el proyecto de ley es insuficiente. No les protege ni controla el instrusismo, cualquier persona con un peto amarillo puede decir que son de seguridad. Pero para eso hay que tener una placa.