Los fiscales del 'procés' han entregado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, el informe en el que se oponen a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que es "improcedente" porque sí tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la UE.
Ángela Martialay ha reaccionado a esta situación, recordando que la Fiscalía es un órgano jerarquizado donde el fiscal general del Estado tiene "la última palabra en todos los asuntos". De esta forma, ha señalado que, previsiblemente, ocurrirán dos cosas tras el informe de los fiscales.
La periodista ha recordado que García Ortiz ya dejó claro que no comparte el criterio de que la malversación no cabe en la amnistía, por lo que se va a tener que "convocar a la Junta". Además, ha señalado que los fiscales ya dijeron que no iban a firmar un informe favorable para aplicar "la amnistía a Puigdemont y Junqueras".
"Esto quiere decir que tendrá que haber otro paso más", ha explicado Martialay, aclarando que tendrá que llevarse este asunto por "los cauces estatutarios previstos".
Una situación que se produce en un momento en el que el fiscal general del Estado "lleva meses protagonizando escándalos y tiene serios problemas para ejercer su autoridad". La periodista ha indicado que García Ortiz está "al borde de la imputación por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso".
Por tanto, ha destacado que esta circunstancia hace que sea "difícil" que se imponga en una institución que está jerarquizada.
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