Tal como explica el magistrado Ignacio González Vega, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no está imputado, es decir, no tiene calidad de investigado, sino que le han abierto una investigación en Tribunal Supremo, dada la condición que tiene de aforado el fiscal general del Estado. Por lo que "al no ostentar la condición de investigado, no debe dimitir", afirma en Al Rojo Vivo.
Y no lo debe hacer -añade el magistrado- porque la revelación de secretos -el delito que está siendo objeto de la investigación- se hizo con la finalidad de cumplir una obligación "consignada en el Estatuto Orgánico del ministerio Fiscal, que es el de informar a la ciudadanía", sobre todo "dando la versión que tienen los fiscales sobre un bulo que se había lanzado momentos antes por un medio de comunicación".
Es cierto que es "un hecho inédito" que es el primer fiscal general del Estado que es objeto de investigación -que no imputado- pero hay que matizar las circunstancias. "Se está hablando de la difusión de unos correos electrónicos donde no es posible la imputación del fiscal, hasta la fecha, porque ese correo ha sido enviado a un correo colectivo (sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid) al que tienen acceso no solo el fiscal general del Estado ni la fiscal jefe, sino hasta 18 fiscales y 4 funcionarios".
Por tanto, y según el magistrado, en esta causa, "lo que queda en evidencia es la relación medios de comunicación y Tribunales, y lo que se pretendía es algo inédito también en nuestra democracia, que es el fiscal informe (porque como dice la propia circular de la Fiscalía, si no lo hace el fiscal, lo hará otro en su lugar). En este hecho concreto, había sido un bulo que se había emitido antes sobre un correo electrónico remitido a la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid, por lo que el fiscal estaba cumpliendo con el deber de informar", finaliza Vega.
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