"Chocante" e incluso "intolerable". Es lo que dicen los socialistas de la coincidencia reiterada entre la agenda política e institucional del gobierno de Griñán y del PSOE con los autos más significativos de la jueza de los ERE, Mercedes Alaya. Coincidencias que favorecerían los intereses del Partido Popular, y que vienen desde Octubre de 2011.
Tres días antes de la votación en las elecciones municipales de 2011, la juez Alaya cita como imputado en el 'caso Mercasevilla' al candidato de IU a la alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.
Otra fecha importante: las elecciones generales del 20 de noviembre de ese mismo año. Tan sólo 3 días antes dicta un auto en el que exige a la Junta de Andalucía información sobre "operaciones de endeudamiento" de más de un millíon de euros autorizadas por Griñán, entonces consejero de Economía y Hacienda.
Más casualidades según el PSOE: la campaña de las elecciones de la comunidad andaluza. El primer día ya hay un movimiento de la juez. Envía a prisión al exdirector de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Y además, 5 días antes de las elecciones, cita a declarar a Juan Francisco Trujillo, el exconductor de Guerrero.
El segundo ingreso en prisión del exdirector de Trabajo lo decreta tan sólo unos días después de volver de su baja por enfermedad en marzo de 2013, cuando reactiva todo el caso. La firma del Pacto de empleo entre la Junta, sindicatos y empresarios es lo que coincide con otra decisión de Alaya. Se inicia la 'operación Heracles', que acaba con 20 detenidos y cinco órdenes de entrada en prisión.
Su último auto, con una veintena más de imputados, sale 4 horas antes de que comenzara el Comité directivo donde se decidía el calendario de las próximas elecciones primarias.
Todos los imputados son altos o exaltos cargos de la Junta, incluida la exconsejera Magadalena Álvarez. Pero el PSOE de Andalucía denuncia una imputación selectiva. Tras casi tres años de investigación, del total de imputados, 93, ninguno es aforado. Alaya sigue sin incluir a ningún imputado con fuero especial, eso le haría perder el control de la causa en favor del Tribunal Supremo.