Las protestas contra la amnistía continúan. Unas manifestaciones en las que, a los insultos a Pedro Sánchez y los cánticos franquistas, se han sumado gritos contra el rey Felipe VI.
Pablo Simón ha indicado en Al Rojo Vivo que en la derecha hay sectores más duros que reprochan al rey que "no intervenga de manera activa" para frenar la ley de amnistía. "Ignoran que estamos en una monarquía constitucional", ha señalado el politólogo.
De esta forma, Pablo Simón ha dejado claro que el rey no tiene margen de maniobra para poder actuar. "Según el artículo 64 de la Constitución, sus actos son refrendados por el Gobierno y los ministros", ha recordado.
Por lo tanto, ha señalado que es irresponsable, desde una perspectiva política, colocarle en esa tesitura en la que tendría que negarse a firmar una ley. "A efectos prácticos, eso implicaría que tendría que abdicar, es decir, no podría desarrollar sus funciones como monarca constitucional", ha explicado.
Que nuestro Estado se rija por la Constitución y que en España tengamos una monarquía constitucional implica que el jefe del Estado carezca de poder de veto sobre aquellas leyes que salgan de las Cortes. La firma de las leyes aprobadas por el Parlamento es un "acto debido" del jefe del Estado, es decir, que oponerse al mismo supondría una violación gravísima de su función constitucional. Este acto es independiente de la opinión en contra o a favor que Felipe VI, su firma no implica ningún juicio de valor expreso por su parte.
La votación de la ley de amnistía, empañada por una bronca histórica
Este planteamiento llegaba después de que se aprobara el pasado jueves 30 de mayo, culminando así un arduo periplo parlamentario repleto de polémica hasta sus últimas horas.
Un pleno repleto de insultos que generaba una alta tensión entre los diputados. Bajo gritos de "traidor" y "traidora" en cada votación a favor, PP y Vox no lograban frenar esta nueva ley a la que se oponían desde el inicio, poniendo fin así a los dos meses con los que contaban como plazo máximo permitido por el reglamento para frenar esta tramitación.
Una vez salga publicada en el BOE, la aplicación de la ley de amnistía queda en manos de los jueces, de quienes dependerá que dirigentes independentistas como Carles Puigdemont puedan regresar a España sin riesgo de ser detenidos.
El ministro de Justicia Félix Bolaños ha insistido en que el Gobierno apoya a los jueces y cree que deberán aplicar la ley de amnistía "con independencia, con rigor, con profesionalidad y con excelencia técnica", mientras que desde Sumar avisan de que los magistrados podrían cometer prevaricación si no lo hace. El PP, entretanto se prepara para dar la batalla en todos los frentes para tumbarla. Por su parte, Pedro Sánchez ya se ha pronunciado en su primera intervención tras la aprobación: "Hoy España está más unida".
¿Se puede frenar la amnistía?
A diferencia del presidente del Gobierno, hay quien no ve esta aprobación como una unión, si no más bien todo lo contrario. La oposición de la ultraderecha intenta trasladarse ahora a los órganos judiciales, que tendrán un plazo de dos meses para poner en marcha el procedimiento para su aplicación.
Comienza así una batalla en los tribunales para tratar de frenar la aplicación de la ley de amnistía. En esta lucha tendrán un papel protagonista jueces, tribunales, la Fiscalía y las acusaciones populares de formaciones como Vox. En ningún caso será el Rey Felipe VI quien pueda decidir.
Pacto PSOE-Sumar
De su renovación total a modificar solo un artículo: estos son los cambios de la ley mordaza
De 2015 a 2022 esta ley se ha usado para poner dos millones de sanciones por valor de más 1.100 millones de euros. El cambio se pactó en 2019 y tras cinco años este lunes lo que tenemos es sólo el anuncio.