El Supremo ha acordado abrir una causa contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y contra la fiscal jefa de Madrid, por la difusión de datos sobre la investigación contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, que está imputado por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental.
El periodista Alfonso Pérez Medina, experto en Tribunales de laSexta, explica en qué consiste realmente esa causa. "Lo que dice el Tribunal Supremo es que en esa nota de prensa (que es lo único en esta causa que ha asumido el fiscal general del Estado) no hay delitos de revelación de secretos porque esos secretos ya habían sido revelados porque ya estaban publicados en diferentes medios de comunicación".
Por tanto, a García Ortiz no se le investiga por haber difundido una nota de prensa para desmentir el bulo que había lanzado la Comunidad de Madrid. Sin embargo, apunta el periodista, "si hay delito en la publicación de los correos", según el auto del Supremo. Esto es, filtración de los correos, no en la nota de prensa.
En este caso, explica Pérez Medina, "puede haber ciertas sospechas de que esos correos los tenía el fiscal general del Estado, pero también lo tenían multitud de fiscales ya que ese correo fue enviado a un mail genérico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid (lo tenían por tanto, todos los fiscales de delitos económicos de Madrid) y se remitió a la Fiscalía Provincial, a la Fiscalía Autonómica y a la Fiscalía General".
De modo, "va a ser muy complicado saber quién de esas 30 personas filtró ese correo electrónico, si los periodistas no confesamos quién lo hizo, si nos acogemos al secreto profesional", opina Pérez Medina quién confiesa que ese correo "se lo encontró" cuándo iba en el metro. En el vídeo podemos ver al completo su información.
"No se entiende que se le impute"
Maestre, sobre la causa abierta a García Ortiz: "¿Por qué se imputa solo a las personas que le interesan a Ayuso?"
La causa no ha sido por la nota de prensa enviada por el fiscal, sino por las filtraciones de correos, a los que tenían acceso 30 personas. "No se entiende la causa, cuando no hay evidencias de que el fiscal filtrara nada".