Ignacio González Vega ha desvelado en Al Rojo Vivo en qué criterios se tendría que basar el juez para decretar prisión provisional para Carles Puigdemont en caso de que decida regresar a España.

"Tendría que tener en cuenta la gravedad de la pena", ha destacado, explicando que el delito de malversación de caudales públicos tiene una pena que "excede los dos años de prisión". Además, ha indicado que también hay que tener en cuenta las "circunstancias personales" del expresident catalán.

Además, ha destacado que decretar prisión provisional tendría como consecuencia la aceleración del procedimiento.

Por el contrario, si el juez decide que no se dan las circunstancias para decretar prisión provisional, tendría la opción de fijar "prisión provisional eludible con fianza", que debería fijarla teniendo en cuenta la capacidad económica de Puigdemont.

Otra medida que podría adoptar en este caso es que el expresident catalán, estando en libertad provisional, esté obligado a realizar "comparecencias semanales o incluso diarias" en la sede del juzgado de guardia de su lugar de residencia, con la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.