Ana Botella y varios de sus exaltos cargos han sido condenados a pagar 25 millones de euros por vender viviendas públicas protegidas a un fondo buitre por un precio muy inferior a su valor real.
Vendieron 1.860 viviendas con inquilinos a un fondo buitre, que les ha ido subiendo el alquiler hasta alcanzar un aumento del 49% en los últimos años. De hecho, muchas personas han tenido que dejar sus domicilios porque no podían hacer frente a los gastos.
Sin embargo, en 2015 la exalcaldesa de Madrid aseguró que "las condiciones de los contratos" no cambiarían y continuarían rigiéndose "por la norma de vivienda pública". Según Ana Botella, sólo cambiaba "el casero".
