El juez Castro ha bañado el auto de frases lapidarias en las que, sin quitar la presunción de inocencia a la infanta, pone sobre la mesa los indicios que ve de delito.
Castro asegura que hay "un plus añadido de codicia", que fue precisamente el que llevó a los duques de Palma a defraudar presuntamente a Hacienda. Es más, dice que "esa intención defraudatoria" está a la vista y que los protagonistas hicieron todo lo que tenían que hacer para llevarla a cabo.
Sobre el papel de la infanta dentro de la empresa Aizóon, Castro habla de "sobrados indicios de que colaboró activamente". Una infanta que habría servido de escudo frente a Hacienda. Algo a lo que se habría prestado, dice el juez, "para que sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de delitos fiscales".
Una presencia fundamental que resume Castro en una frase demoledora: "Doña Cristina ha intervenido de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido".
El magistrado habla de una doble defraudación con los gastos personales que Doña Cristina cargaba a Aizóon. Con esa facturación es especialmente duro Castro, llega a decir que no es permisible para la infanta llevar a cabo un reparto "fáctico, fiscalmente opaco" para atender sus gastos estrictamente personales.
El juez habla de un vaciado de fondos del Instituto Nóos, cauce "en el que intervino activamente Doña Cristina de Borbón". Vaciado de fondos y derivación de fondos. Quiere decir con ello que ese dinero acabó en los dos únicos socios de Aizóon, Urdangarin y la hija del rey.