La infanta traspasa una línea jamás conocida en la realeza española, al estar declarando como imputada en los juzgados de Palma. Se trata de comprobar si conocía o participó en los negocios ilícitos de su marido, Iñaki Urdangarin.
Se enfrenta a dos supuestos, el primero, de delito fiscal. El juez pone sobre la mesa que como propietaria de Aizoon al 50% habría participado en su gestión y se habría beneficiado de sus fondos irregulares y de la estrategia creada para pagar menos impuestos. La clave está en el año 2007 y en una cantidad, 120.000 euros. Si se demuestra que lo defraudado fue superior, habrá delito.
El segundo, de blanqueo de capitales. Castro argumenta que conocía que Aizoon funcionaba como empresa pantalla para desviar los fondos ilícitos del Instituto Nóos. Y quiere aclarar si se gastó ese dinero sabiendo que no era limpio, o bien, para cubrir a su marido.
La Infanta ya fue imputada en abril de 2013, pero la Fiscalía Anticorrupción se opuso y la Audiencia acabó "desimputándola", consiguiendo retrasar su paso por el juzgado, pero no evitándolo.