Cuando surgieron las primeras quejas por parte de asociaciones de consumidores, en el 2003, el Gobierno de Aznar encargó al ministerio de Sanidad y Consumo que investigaran las inversiones de arte.

Tres años más tarde, en 2006, cuando ya no estaba Aznar en el Gobierno y empezaron a estallar todos los casos de estafas piramidales; la que era ministra de Sanidad, Ana Pastor, dijo que ella ya había avisado en dos cartas a Rodrigo Rato de que no podía supervisarlo porque no tenía medios.

En definitiva, el Estado no hizo nada por evitar la estafa y, cuando Guillermo García del Toro, administrador único de Arte y Naturaleza, se declaró insolvente, los inversores dejaron de cobrar. Los afectados tardaron diez años en sentar a la cúpula en el banquillo y tuvieron que esperar dos años más para que saliera la sentencia.