En los años 50, a miles de mujeres embarazadas se les recetó talidomida como remedio contra las náuseas. Entonces, no se sabía que causaba graves deformaciones en el feto. Años después, las víctimas llevarían a juicio a la empresa fabricante del medicamento, Grünenthal. Sin embargo, y aunque una primera sentencia condenó a la farmacéutica a indemnizar a los afectados, en 2015 la compañía recurrió y ganó, porque el delito había prescrito.

Araceli Estella fue una de las muchas mujeres que tomaron esas pastillas, que marcaron la vida de su familia para siempre. Como consecuencia, su hijo, Rafael Basterrechea, no tiene articulación en el codo y sus hombros y muñecas prácticamente no son funcionales, según él mismo explica. "Tengo muchos problemas sobre todo de dolor, dolor que es crónico y con el que ya estoy acostumbrado a vivir", relata. Además, por esta situación -rememora- sufrió "mucha discriminación, sobre todo en la adolescencia".

España es a día de hoy el único país de Europa en el que la mayoría de las víctimas de la talidomida no han sido reconocidas oficialmente y el Estado solo ha indemnizado a un centenar de las casi 600 personas que lo han solicitado. El porqué, denuncia Rafael, es una pregunta a la que ningún ministro de Sanidad hasta la fecha ha sabido darle respuesta.

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