Andrea Ropero conversa en El Intermedio con Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos que perdió su acta en el Congreso tras la condena del Tribunal Supremo por golpear a un policía, hecho que él siempre negó, tras sentenciar el Constitucional que nunca debió de habérsele inhabilitado.
Además de valorar si su caso responde a lo que se define como 'lawfare', Rodríguez explica que, tras perder su acta de diputado, volvió a la fábrica en que había trabajado desde hace 20 años, lo que ahora compagina con "mi orgulloso acta de concejal en el Ayuntamiento de La Laguna".
Sobre las peticiones beligerantes que se hicieron en su día solicitando su inhabilitación, asegura que, tras la sentencia del Constitucional, no ha recibido ninguna llamada de disculpas, ni la espera: "Es imposible esperar de actores o perfiles que actuaron de esa manera a conciencia", afirma tajante.
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Rodríguez sostiene que su inhabilitación "fue una decisión política, claramente, no una decisión judicial" y apunta directamente hacia los que considera culpables: "No fue el Tribunal Supremo ni el juez Marchena quien me arrebató el escaño, fue el Partido Socialista Obrero Español por el brazo ejecutor de Meritxell Batet con la connivencia o el silencio cómplice de mucha gente", sentencia.
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