La Comunidad de Madrid vendió la casa de Rachid Bouikou a un fondo buitre. Ante la posibilidad de que su familia se quedara en la calle, al no poder pagar el alquiler que le imponía el fondo, este albañil marroquí lo denunció ante la Justicia, que ahora le ha dado la razón. Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a César Pinto, el abogado de oficio que logró que los tribunales le dieran la razón tras una larga batalla judicial.
Un largo proceso en el que, apunta, "ha habido personas a las que han desalojado" de sus casas. Personas, apunta, que "no tienen recursos económicas o que tienen ayudas mínimas y en situación muy desesperada en muchos casos". Para muchos de ellos, explica, esta victoria judicial es más "una victoria moral", pues muchas de estas viviendas se han vendido a terceros y no pueden regresar a ellas.
"Se les ha dejado desamparados a muchas familias", lamenta el letrado, que reprocha que "una Administración que tiene la función de protección social hace una operación y se desentiende de las personas que son los que van a sufrir y han sufrido todos los daños". "En un momento de crisis de la sociedad, la forma de solucionarlo es crear más problemas a los que tienen más problemas en la sociedad, que son los más vulnerables", resume.
"Con 56 años me veo en la calle"
La Comunidad también vendió la vivienda social de Liliana a un fondo de inversión que le dobló el alquiler. Pese a que ella nunca ha dejado de pagar, han querido desahuciarla. "He dejado de comer por pagar mi piso", relata a Andrea Ropero en una entrevista que puedes ver aquí:
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