La Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca están enmitad de una creciente disputa por el retraso en la entrega de vacunas contra el coronavirus. Para entender esta polémica Andrea Ropero ha entrevistado a Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho. Asegura que, además de que la actitud de la farmacéutica que es un "despropósito", preocupa la actitud que ha llevado a la UE a aceptar los términos que fija la compañía. "Si hubiéramos sabido qué hemos firmado, estaríamos en una situación diferente", añade, sobre la opacidad de los contratos firmados con las farmacéuticas que fabrican la vacuna contra el COVID-19.
Esta cuestión, explica la experta, es "muy ventajosa" para las compañías pero desfavorable para los países. Además, el hecho de que cada farmacéutica tenga la patente de sus dosis "limita la producción" y hace que ellas puedan fijar los precios: "Ya alertábamos que podía llevar a falta de producción o acaparamiento", señala. Por eso, insiste en que "necesitamos que durante la pandemia no se apliquen las leyes de protección intelectual y pueda ser fabricada en diferentes puntos del planeta y asegurar el suministro", y más teniendo en cuenta que "la mayor parte del dinero que se ha invertido para desarrollar las vacunas es público".
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