Liliana García es una de las muchas afectadas por la venta de pisos de protección social de la Comunidad de Madrid a fondos buitre. Cuando entró a vivir allí, pagaba 245 euros de alquiler, que el fondo le subió a 447 euros. Pese a que siguió pagando, en un momento dado la empresa rescindió su contrato.
Pero Liliana logró encontrar la manera de seguir pagando, mediante transferencia bancaria. "Jamás he dejado de pagar ni un mes", explica a Andrea Ropero. Con todo, relata, tiene "dos sentencias de desahucio" por las que ha llegado incluso al Tribunal Constitucional.
"Hasta he dejado de comer por pagar mi piso", afirma Liliana, que incluso ha tenido que vender las joyas de oro que heredó de su madre. Su salud, dice "es lo que más se ha resentido". "Ahora con 56 años me veo en la calle", lamenta.
El abogado que luchó contra la venta de vivienda social
Liliana también ha relatado en El Intermedio la alegría que sintió cuando supo que la Justicia había dado la razón a Rachid, otro de los afectados por la venta de vivienda social a fondos de inversión. Andrea Ropero también ha entrevistado al abogado de oficio César Pinto, que le representó. Puedes ver la entrevista en este vídeo:
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