El método fino para el procedimiento súper democrático del 'dedazo' es ‘libre designación’. Es un derecho que se reservan todos los gobiernos: el central, los autonómicos, e incluso las diputaciones y los ayuntamientos para contratar personas de su confianza.
A veces son personas con preparación que se merecen el cargo por méritos propios, y a veces, amiguetes o familiares, todo vale. Y una vez consumado el enchufe, se distribuyen los puestos. Pueden acabar siendo desde asesores, hasta ordenanzas o conductores.
¿Pero cuántos de estos cargos de confianza nombrados a dedo pululan por España? Esa es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 850 millones que son los euros que nos cuestan al año los sueldos de estos señores. El sindicato de funcionarios CSI-F estima que hay en nuestro país, alrededor de 20.000 asesores.
En el Gobierno central hay cierta transparencia. Este año 2013, Rajoy y los diferentes ministros cuentan 584 cargos de confianza que se encargan de asesorarlos tan bien, tan bien, que tienen a toda España encantada.
Sin embargo, si analizamos los parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, eso ya es el ‘despiporre’. Por ejemplo, el año pasado en Asturias había más asesores que diputados. 47 para 44.
Sólo en el ayuntamiento de Madrid había 213 de estos trabajadores eventuales mientras que en otra gran ciudad, como París, no llegaban si quiera al tope permitido. Pudiendo tener 40 asesores, se conformaron con 36. Está claro, aquí, alguien está siendo asesorado por encima de sus posibilidades y lo que es peor, por encima de las nuestras.
Mensaje directo para Mazón
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