La okupación ilegal ha crecido un 50% en los últimos cinco años. Se calcula que en España hay unas 260.000 viviendas okupadas; de hecho, cada día se denuncian 41 casos de okupación.
Esta situación se convierte en un negocio perfecto para las polémicas empresas de desokupación. Tal y como reconocen los propios empleados de las mismas, los propietarios de viviendas y locales okupados acuden a ellos por desesperación.
"La ley es lenta, los juzgados están llenos de litigios que no pueden resolver", ha explicado uno de los operarios ante las cámaras de Equipo de Investigación cuando procedía a desalojar un local de San Blas.
María, su propietaria, afirma que se lo okuparon cuando se encontraban reformándolo, tan solo 15 días después de comprarlo. Ahora ha contratado a una empresa que vigila, 24 horas al día, la entrada al local en compañía de perros que ellos catalogan como "disuasorios". Un método con el que acaban provocando la huida de los okupas.
Este tipo de empresas nacieron en 2016, cuando la okupación empieza a ser un problema para propietarios particulares, y no solo para bancos. El motivo, según el economista Gonzalo Bernardos, está claro: "Muchísimas zonas tienen alquileres por encima de los 1.000 euros. No se puede pagar y la gente no tiene donde ir, porque los pisos de alquiler social en España son escasísimos, y no dan la suficiente oferta para todo el mundo que tenga la necesidad".
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