El Pazo de Meirás, además de ser la residencia veraniega de Franco, alberga una explotación agropecuaria. La explotación funciona como una empresa pública en la que el beneficiario era el dictador. "Todos los beneficios los recibía Franco y los declaraba. Pero ¿quién pagaba los gastos? Los gastos los pagaba el Estado", cuenta Fernando Souto, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Según Souto, el Estado pagaba además "la ampliación de los baños, el arreglo de la capilla" o "la fachada de las torres de Meirás". Para demostrar que las arcas públicas financiaban los gastos del Pazo, la Abogacía del Estado llama a declarar al guardia civil José Suárez Rozas: admite que recibía órdenes directas del secretario de la familia.
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