Una red de 30 trabajadores con su líder operando desde la cárcel: así logró una organización criminal estafar a 3.000 ancianos

'Operación Gallese' llevó el caso de la organización criminal que se dedicó a estafar personas mayores en sus domicilios, aprovechando esos encuentros para robarles dinero y pertenencias de su casa. Los perfiles que buscaban eran ancianos que habían comprado previamente algún producto por la teletienda o que recurrían a anuncios digitales. Los estafadores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por miembros del juzgado, entre muchas otras cosas, y diciéndoles que habían sido declaradas víctimas a raíz de un juicio multitudinario que se había celebrado.

Las víctimas, asustadas, caían en la trampa y concretaban una cita con los estafadores, quienes llegaban a la vivienda conociendo todos los datos y compras de sus víctimas, para que el plan no tuviese ninguna fuga. Una vez en la vivienda, se ganaban la confianza de las personas mayores y con un datáfono les hacían creer que les estaban devolviendo el dinero. Sin embargo, lo que realmente estaban haciendo eran cargos no autorizados.

Se trataba de una organización criminal formada por una treintena de personas, donde el núcleo principal lo conformaban 10 y el líder operaba desde la cárcel. "Lo que más nos impactó fue la falta total de escrúpulos de la organización con las personas mayores", reconoce Paloma Chacón, policía del grupo de delitos de telecomunicaciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Los estafadores lograban, además, hacerse con la tarjeta de la víctima aprovechando un descuido para cambiársela por otra. De este modo, se acercaban al cajero más cercano para extraer todo el dinero posible. "Una víctima llegó a perder 78.000 euros, todos los ahorros de su vida", cuenta Cristina Sevilla, Policía del grupo de delitos de telecomunicaciones de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

A partir de las denuncias, la Policía encontró un total de tres células: los estafadores que se hacían pasar por miembros del juzgado, personal del Ministerio de Cultura o personas especializadas en venta de productos del hogar, especialmente de colchones.