El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal que incluye una enmienda para el desbloqueo de la renovación del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional (TC). La votación se ha celebrado tras una intensa jornada en la que se esperaba que los magistrados del Constitucional se pronunciasen sobre la admisión a trámite del recurso presentado por el Partido Popular para frenar con medidas cuatelarísimas la reforma propuesta por el Gobierno y aprobada finalmente en el Congreso.

La razón por la queel TC no se ha pronunciado hoy y aplaza su Pleno extraordinario al lunes es porque los cinco magistrados progresistas que hay se han negado. Han dicho que es un tema muy complejo, que necesitaban estudiar toda la documentación que tiene la causa, y añaden además que hay recusaciones pendientes de dos magistrados que tienen el mandato caducado, tal y como había pedido Unidas Podemos. Por todo ello, se han negado a decidirlo deprisa y corriendo.

Dos jueces recusados

En todo ese jaleo, Unidas Podemos ha pedido al Constitucional que los jueces Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez no participen en esta votación porque tienen un interés directo: de seguir adelante con la reforma, ambos tendrían que ser sustituidos por los nuevos magistrados. Es por ello que ha recusado a los dos jueces.

¿Y quién decide sobre esas dos recusaciones? Pues los compañeros de los jueces recusados, los que junto a ellos conforman el Pleno del Tribunal Constitucional. Este está conformado, hasta ahora por siete conservadores, uno se encuentra de baja, y cinco progresistas.

El juez recusado no puede participar en esa votación, así que decidirán cinco jueces conservadores y cinco progresistas sobre cada recusación.

Cuatro jueces con el mandato constitucional caducado

En la decisión que tiene que tomar el lunes el Constitucional sobre si aceptan o no el recurso del Partido Popular participan cuatro magistrados con el mandato constitucional caducado (entre ellos los dos recusados). Todos ellos con sueldos de entre 130.000 y 160.000 euros.

Ya no deberían estar ahí sentados, y sin embargo, quieren decidir sobre su fecha de caducidad. Y es que hasta el momento no han renunciado a decidir sobre su propio destino, aunque podrían haberse apartado voluntariamente. Ahora son sus compañeros quienes tienen que valorar si tienen un interés directo en la causa y si han perdido imparcialidad.

Si se apartan los cuatro magistrados con el mandato caducado, no habría el quorum necesario. Y es que es imprescindible que haya al menos ocho miembros del Tribunal Constitucional para celebrar una sesión plenaria.

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