Una de las grandes batallas políticas de estos días tiene como protagonista la reforma laboral del Partido Popular. Más bien, su derogación parte del Gobierno de coalición. La novedad ahora es que ya sabemos lo que sí quieren cambiar de la norma y lo que, al menos de momento, no van a tocar. Ya se ha superado la fase de la 'metodología', como decía el Gobierno, y ya todo el mundo ha asumido que técnicamente no se puede derogar. Por tanto, al fin estamos hablando del contenido de la nueva ley. En laSexta Clave repasamos lo que el Gobierno sí quiere modificar.
Primero: qué convenio manda. Hasta ahora, el convenio de una empresa puede ser peor que el general de su sector, y la coalición quiere darle la vuelta. Esto es, que siempre tenga prevalencia el mejor convenio para los trabajadores acogidos al mismo. Segundo: la recuperación del concepto de ultraactividad. Si un convenio caduca, sigue en vigor hasta que se firme el nuevo. Aquí también los trabajadores ganarían poder negociador frente a la patronal. Tercero: los tipos de contrato. Es decir, se limitaría la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de contrato por parte de la empresa, otro punto también a favor de los trabajadores.
Cuarto: la temporalidad. Trabajo quiere reducir a la mínima expresión los contratos eventuales. Esto no quiere decir que no pueda haber contratos temporales, pero sí deben tener una causa justificada; por ejemplo, con la temporada de verano en un hotel. Para eso, según el Ministerio, estarían los contratos fijos discontinuos: se contrata como fijo durante el verano y luego, a la temporada siguiente, el empresario está obligado a volver a llamar a esa persona. De la mesa del diálogo social salió la cifra del 15% como tope para todas las empresas.
El Ministerio de Trabajo atribuye a la propia mesa del diálogo esa cifra del 15%, una propuesta que ahora nadie se quiere apropiar. Hasta aquí lo que cambiará o, al menos, lo que dicen que aspiran a cambiar. Sin embargo, en las últimas horas ha llegado también la confirmación de lo que 'no'. Esto es, al menos, una cosa de la reforma laboral de Rajoy que el Gobierno de coalición renuncia a cambiar: la indemnización por despido.
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El Gobierno del expresidente popular redujo la compensación de los improcedentes de 45 días por año a 33 y el Gobierno, tal y como reconoció recientemente la ministra Yolanda Díaz, no piensa cambiarlo. La razón es que entienden que se trata de una "reforma equilibrada", añadiendo que "el Gobierno va a actuar en lo más urgente y necesario del mercado de trabajo, que es su modernización". Un detalle: en 1977, la indemnización llegó a ser de 60 días por año con un máximo de 60 mensualidades.
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