Eliminar, perseguir, expulsar: la extrema derecha ya no disimula, es su forma de actuar en todo el mundo

Rapados, vestidos solo con camisetas y calzoncillos blancos o, en el peor de los casos, casi desnudos. Sin colchones ni sábanas, sin cubiertos para comer, sin ningún tipo de taller, curso o actividad que proporcione una mínima distracción, sin acceso a ningún tipo de ocio o diversión. Sin poder salir al patio, sin ver el sol más allá de las pequeñas ventanas de sus celdas. Así viven los prisioneros del Centro de Reclusión del Terrorismo de El Salvador, una infraestructura penitenciaria que alberga a más de 40.000 personas en condiciones de hacinamiento extremo. Esta prisión, una de las más grandes y temidas de América Latina, es la que el presidente Nayib Bukele ha utilizado para jactarse de su política de mano dura contra el crimen.

Pero lo que Bukele omite en su relato es que, en 2023, su gobierno comenzó a recibir migrantes ilegales deportados desde Estados Unidos, enviándolos a este centro de reclusión sin siquiera pasar por un proceso judicial adecuado. Más de 250 personas han sido enviadas bajo esta modalidad, sin ninguna posibilidad de defensa ni acceso a los derechos básicos garantizados por el derecho internacional. Todo esto bajo el amparo de la ley de 1798, un vestigio legal de la era de los grandes temores a los "enemigos extranjeros", que ha sido revivida en la era moderna por un gobierno que justifica sus políticas xenófobas como parte de una lucha contra el crimen.

Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha sido un protagonista clave en este escandaloso pacto con El Salvador. Trump, en un acto de total desprecio por los derechos humanos, ha enviado a migrantes expulsados de su país a este centro penitenciario sin que ningún tribunal haya intervenido para frenar semejante violación.

Aquellos 273 migrantes, que fueron sacados de EEUU y enviados sin previo aviso, esposados, con los pies y las manos atadas, humillados y colocados en un infierno carcelario, no han sido víctimas de un proceso judicial, sino de una brutal decisión política. La justicia ha intentado interrumpir este proceso, pero las burlas del presidente salvadoreño no se han hecho esperar, con un tuit que lo resumía todo: "Ups, demasiado tarde".

Esto no es exclusivo de El Salvador ni de Trump. La persecución de migrantes y opositores políticos está alcanzando niveles alarmantes en todo el mundo, impulsada por gobiernos de extrema derecha que se sienten legitimados para vulnerar los derechos humanos bajo la excusa de la seguridad y el orden.

En Italia, Giorgia Meloni, primera ministra del país, ha mantenido su plan de deportar migrantes a Albania, desafiando reiteradamente las resoluciones judiciales que han intentado frenar esta práctica. Aunque los tribunales le han puesto obstáculos, Meloni sigue buscando nuevos métodos para llevar a cabo estas deportaciones masivas, incluso utilizando cárceles flotantes en el mar, donde los migrantes viven en condiciones aún más precarias que las de las cárceles terrestres.

La persecución, sin embargo, no se detiene en los migrantes. En Estados Unidos, un joven activista palestinocon residencia legal fue detenido por las autoridades, no por ningún delito, sino por sus actividades políticas. Este estudiante, que se había convertido en portavoz de las protestas contra la guerra en Gaza, fue arrestado, interrogado y puesto bajo custodia sin ningún tipo de base legal.

Su única 'culpa' fue levantar su voz contra la injusticia, lo que demuestra el grado de represión al que se han visto sometidos los opositores a las políticas del gobierno. Este caso es solo uno más dentro de una larga lista de activistas, periodistas y ciudadanos comunes que se ven cada vez más acosados por el aparato judicial de un país que se dice democrático, pero que actúa con métodos autoritarios.

Lo que está ocurriendo con los migrantes y opositores no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también de control social. Los gobiernos de extrema derecha están utilizando el aparato estatal como una herramienta para erradicar cualquier forma de disidencia, ya sea a través de la represión física o la eliminación legal de los opositores.

Esto se puede ver claramente en Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha anunciado lo que él mismo ha calificado como una "limpieza" de los opositores. Con un lenguaje deshumanizante, Orbán ha declarado que quienes se oponen a su régimen son "bichos" que deben ser exterminados de la vida política del país.

Este mismo gobierno, además, ha lanzado una campaña contra el colectivo LGTBIQ+, prohibiendo la marcha del Orgullo LGTBIQ+ con una enmienda a la ley que regula el derecho de reunión. Este ataque a las libertades civiles y a los derechos fundamentales es parte de una estrategia más amplia de represión contra aquellos que se oponen a su visión autoritaria de la sociedad.