El 21 de octubre de 2024
España compra balas a Israel el mismo día que 32 personas mueren en el Norte de Gaza
La otra cara El contrato de 6,6 millones de euros se firmó en medio de la tragedia en Gaza, donde miles de personas huían de sus hogares destruidos, una situación que llevaba un año repitiéndose día tras día.
España se enfrenta a una crisis política tras conocerse que ha adjudicado un contrato de 6,6 millones de euros a una empresa israelí para suministrar 15 millones de balas a la Guardia Civil. La distribuidora de armas promociona sus productos destacando que están "sometidos continuamente a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras donde opera el Ejército Israelí", haciendo referencia a las pruebas realizadas en Gaza, donde más de 50.000 personas han muerto, 15.000 de ellas niños.
La noticia ha desatado una ola de indignación en el gobierno de coalición. Izquierda Unida ha amenazado con abandonar el pacto, mientras que Sumar ha calificado la compra como una "vulneración" de los acuerdos alcanzados con el PSOE, quienes se habían comprometido a no adquirir armas de Israel. El contrato fue firmado el 21 de octubre de 2024, cuando Israel llevaba ya un año bombardeando Gaza.
Para entender la magnitud de la decisión, se han revisado las imágenes del 21 de octubre de 2024, el día de la adjudicación del contrato, y los resultados son devastadores. Gaza ese día estaba sumida en el caos, con miles de personas desplazadas y hogares completamente destruidos. En el norte de Gaza, 32 personas perdieron la vida a causa de los bombardeos israelíes. Para ese entonces, ya se había cobrado la vida de 42.600 palestinos debido a los ataques continuos.
En ese contexto, el presidente Pedro Sánchez había expresado su condena a los ataques de Israel, asegurando que España no desarrollaría operaciones de compra o venta de armas con el país. En octubre de 2024, Sánchez declaraba en el Congreso: "Desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, quiero que lo tenga claro, para que también lo tenga claro el conjunto de la ciudadanía española".
Sin embargo, tras la revelación de la compra, la ministra Margarita Robles intentó calmar la situación asegurando que se suspendía el acuerdo. Pese a la presión, y tras la recomendación de la abogacía del Estado, el gobierno ha decidido no anular el contrato, alegando que, de hacerlo, tendrían que haber pagado la misma cantidad sin recibir las balas, lo que generó aún más malestar en la coalición.