El Gobierno central no tiene la obligación de avisar a las comunidades autónomas sobre la llegada de inmigrantes. Sin embargo, a las comunidades gobernadas por el PP les parece una "deslealtad institucional" que no lo hagan. Presidentes y alcaldes han salido en tromba a denunciar que el Gobierno ha actuado con "ocultismo y nocturnidad" y a decirauténticas barbaridades.
"Vacunas, tifus... ¿Cómo se puede llegar a decir eso?", se pregunta Joaquín Castellón, quien hace la siguiente reflexión: "Esto es también un nivelador de lo que somos como sociedad, porque todo eso lo dicen desde el privilegio, porque están en una situación de poder". "Y porque los que vienen a España son pobres", agrega Castellón.
"Si los que vinieran llegaran a tener dinero, ríanse de 'Bienvenido, Mister Marshall'. Ya no serian inmigrantes, sino inversores", sentencia, como puede observarse en el vídeo superior. En la página web del Ministerio de Industria se puede leer cómo pueden solicitar una autorización de residencia aquellas personas que tengan "dos millones -de euros- o más" en deuda publica, un millón en acciones, un millón en fondos de inversión, en depósitos bancarios...
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"Entonces nadie te pone problemas. Te dan dos años de residencia y puedes renovarla en períodos de cinco. Y a estos residentes nadie se atreve a decirles que tienen tifus, que si vienen vacunados, si están en edad de hacer el servicio militar... Pero como los otros son pobres, se permiten decir lo que de verdad piensan", concluye el presentador.
Las consecuencias legales
¿Quién tiene el 'mando' del CECOPI? En el nivel 2 de alerta, Salomé Pradas; en el nivel 3, Carlos Mazón
Tal y como establece la ley, si la alerta es de nivel 2, es la consejera de Justicia, Salomé Pradas, quien tiene que asumir el mando. Solo si se eleva al nivel 3, Mazón es quien tomaría el control.