Penas de prisión, multas e inhabilitación
¿Puede ser delito filtrar documentos confidenciales? El caso que salpica al Fiscal General del Estado
El contexto La UCO señala que el Fiscal General del Estado tuvo una "participación preeminente" en la filtración de correos confidenciales relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La Guardia Civil ha detectado una "participación preeminente" del Fiscal General del Estado (FGE) en la filtración a la prensa de correos electrónicos enviados por la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía. La investigación, que se enmarca dentro de una causa abierta en el Tribunal Supremo, se centra en un presunto delito de revelación de secretos, contemplado en el artículo 417 del Código Penal.
¿Es delito filtrar documentos confidenciales a los medios? Aunque la filtración en sí misma no constituye necesariamente un delito, sí puede serlo si implica la revelación de datos personales o confidenciales sin el consentimiento de las partes implicadas. Según el Código Penal español, esta conducta está penada con multas de hasta 24 meses y prisión de entre uno y cuatro años.
En el caso de autoridades o funcionarios, además, puede conllevar penas de inhabilitación. La legislación también sanciona a particulares, como abogados o procuradores, que divulguen información de sumarios declarados secretos (art. 466).
En el caso concreto del FGE, la investigación gira en torno a si el alto funcionario vulneró su deber de reserva utilizando su posición para acceder y difundir información sensible.
¿Qué ocurre si un periodista publica esa información? El periodista que recibe y publica información filtrada suele estar protegido por el derecho fundamental a la libertad de información, recogido en el artículo 20 de la Constitución. Aunque la filtración sea delictiva, los periodistas pueden ampararse en el secreto profesional para no revelar sus fuentes y divulgar datos si estos son de interés público.
Precedentes en España
Los casos más frecuentes de delitos de revelación de secretos implican a profesionales con acceso a datos confidenciales, como policías, médicos o funcionarios, quienes utilizan esta información para su beneficio personal más que para filtrarla a la prensa.
Sin embargo, un caso mediático destacó en los últimos años: la condena inicial a una periodista que publicó datos del sumario secreto sobre el asesinato de Laura Luelmo. Aunque fue sentenciada a dos años de prisión por carecer de interés público en sus publicaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía finalmente la absolvió.
