En un hecho sin precedentes, el fiscal general del Estado se encuentra en el centro de una investigación tras ser imputado por presuntos delitos de revelación de secretos. Todo comenzó con un correo electrónico que salió de la bandeja de entrada del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ya estaba bajo investigación por defraudar a Hacienda 350.000 euros durante la pandemia.

El contenido de este mail, enviado el 2 de febrero, es clave en el caso. En él, el abogado González Amador admitió dos delitos fiscales y propuso a la Fiscalía un acuerdo de conformidad para reducir la posible multa y evitar una condena penal. Sin embargo, la situación se complicó el 13 de marzo, cuando el jefe de gabinete de Ayuso lanzó un bulo afirmando que fue la Fiscalía quien propuso un acuerdo por correo electrónico a la pareja de la presidenta.

Algunos medios de comunicación se hicieron eco de esta versión falsa, lo que llevó a la Fiscalía Provincial de Madrid a emitir un comunicado un día después, desmintiendo los hechos y detallando el intercambio de mensajes con el abogado de González Amador. El comunicado, en el que se reafirmaba que solo existía la propuesta de acuerdo del 2 de febrero, fue firmado en primera persona por Álvaro García Ortiz.

El escándalo dio un giro el 7 de mayo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió las denuncias contra el fiscal general, pero el 15 de julio, el tribunal se declaró incompetente y envió la causa al Supremo. Este último tribunal determinó que el comunicado de la Fiscalía podría haber vulnerado el derecho de defensa de la pareja de Ayuso al revelar información del mail.

Sin embargo, este miércoles el Supremo refutó esta teoría, centrándose en el fiscal general no por el comunicado, sino por el contenido del correo que se filtró antes de su publicación. Demostrar que fue el fiscal quien filtró el correo no será tarea fácil, ya que el mensaje llegó a unas 30 personas después de ser enviado a una dirección genérica. Esto incluye a la Sección de Delitos Económicos, la Fiscalía Provincial, la Autonómica y a la propia Fiscalía General del Estado. Sin confesiones por parte de los periodistas, quienes pueden ampararse en el secreto profesional, la verdad detrás de esta compleja trama aún permanece en la penumbra.

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