Las comunidades autónomas empiezan a movilizarse para poner freno a los contagios de coronavirus, que llevan semanas en aumento y preocupan, especialmente de cara a Navidad. Para ello, algunas plantean ampliar los usos del pasaporte COVID-19 para la hostelería, realizar cribados masivos o hacer la vacuna obligatoria. Para resolver las dudas legales que estas medidas podrían acarrear, Más Vale Tarde ha consultado al magistrado Joaquim Bosch.
¿Sería posible obligar a la gente a vacunarse para ir al trabajo o para acudir a los lugares de ocio? El experto asegura que con la legislación actual no se pueden aplicar vacunas obligatorias, sino todo lo contrario: nadie puede someterse a un tratamiento médico que no desee. Ahora bien, esas normas podrían cambiar para imponer esa obligación, algo que ya han hecho países cercanos como Francia e Italia para que la vacuna sea obligatoria por ejemplo en ciertos trabajos.
Si se llegase a imponer esta obligación, tras impulsar el Gobierno cambios normativos, se podría sancionar a quien no la cumpla con sanciones como multas o que no puedan acceder a determinados servicios o establecimientos o incluso plantear confinamientos para quienes no quieran vacunarse.
Por el momento, algunas regiones han utilizado el pasaporte COVID-19 para entrar a ciertos locales de ocio, pero no todos los tribunales superiores autonómicos han aceptado este tipo de restricciones. Para que fuese una normativa nacional, explica Bosch, habría que impulsar una ley específica que regulase este certificado de coronavirus, algo que todavía no existe y hace que se tenga que aplicar a los casos concretos. Así, el Tribunal Supremo ha pedido que se analice cada caso para ver los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, lo que significa que la limitación de derechos debe estar justificada por situaciones de contagio de alto riesgo.
"Las comunidades tienen que demostrar que las situaciones de riesgo lo justifican", ha añadido el magistrado.
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