De multimillonario empresario a preso que pide limosna. Díaz Ferrán, otrora presidente del Grupo Marsans y del CEOE, solicita desde su celda ayuda para que su familia pueda comer. Según cuenta ABC, su defensa ha escrito al juez solicitándole una "cantidad mensual suficiente" para garantizar la "propia dignidad personal" del matrimonio.
Y lo necesitan para que el expresidente de la patronal, que tiene sus cuentas embargadas, compre productos básicos en la cárcel de Soto del Real y para que su esposa, Raquel Santamaría, coma y pague las facturas. Preso desde hace casi un año, fue condenado por ocultar un agujero de más de 400 millones de euros.
Díaz Ferrán amañó las cuentas de su empresa, el imperio turístico Marsans, y ocultó sus posesiones para no pagar ni a sus acreedores ni a sus trabajadores. Para ello contó con la colaboración de Ángel de Cabo, el liquidador, que entró en prisión el mismo día que el empresario. Una trama muy poco ejemplar para alguien que pedía esfuerzos a los trabajadores.
Tras su detención, los agentes encontraron en su casa un kilo de oro y 150.000 euros en efectivo. Además, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, afirma que a día de hoy, el empresario aún oculta millones de euros en el extranjero. La juez Ana María Gallego les inhabilita durante 15 años como administradores, y les condena a afrontar la deuda que dejó el grupo turístico a más de 11.000 acreedores -entre ellos Hacienda y la Seguridad Social- que supera los 400 millones de euros.
Según la investigación, Díaz Ferrán vendió su patrimonio y la empresa, valorados en varios millones, por la ridícula cantidad de 3.060 euros. ¿Qué gana él con la jugada? Habría cobrado en negro 8 millones de euros y se ahorraría algo mucho más gordo: pagar los 400 millones que debe.
Pero Díaz Ferrán no es el único que no tiene para comprar productos básicos. El escrito sostiene que su esposa, Raquel Santamaría, "depende directamente de él" y que no tiene asegurada ni siquiera "la subsistencia". La defensa pide la renta para que su esposa pueda pagar "los recibos básicos de la vivienda (agua, gas y luz), así como la compra de alimentos necesarios para su propia subsistencia".
La intención del escrito es pedirle al juez que asigne una "cantidad mensual suficiente" para garantizar "la propia dignidad personal" del matrimonio. El escrito asegura que si esta petición no es atendida, la pareja quedaría "en el más absoluto de los desamparos y en una situación de extrema precariedad personal".