La clave puede estar en los 7.000 portátiles que se usaron en las votaciones del 9N. La Generalitat se gastó casi 3 millones de euros en comprarlos días antes de la consulta soberanista, afirmando que los centros docentes los necesitaban. Ahora, el juez quiere saber si se trata o no de una casualidad.
La consellera de Educación, Irene Rigau, no ha dejado tranquilos ni al juez ni al fiscal, que después de escuchar a los imputados por la celebración del 9N han pedido más pruebas. En concreto, las facturas de los ordenadores y si alguien encargó instalar nuevas aplicaciones desde el 4 al 9 de noviembre, días en los que el proceso ya estaba suspendido por el Constitucional.
Los imputados por la consulta se han encontrado con otra piedra en el zapato, y no es otra que Dolores Agenjo, la única directora que cerró la puerta de su instituto de Hospitalet a la votación soberanista. Ha declarado como testigo de si hubo o no presiones de la Generalitat hacia los responsables de los centros docentes. "Yo estaba entre la espada y la pared, trataban de convencerme de que hiciera algo que no quería hacer", explica Dolores.
Es decir, todo lo contrario de lo que declaró la consellera, quien dijo que "nadie dio instrucciones a los directores". La resistencia de Dolores a entregar las llaves del centro para el 9N, asegura que le ha pasado factura, porque "el día después de la consulta tenía amenazas en mi correo, incluso de muerte". Por ahora éstas parecen ser las bazas de la justicia para demostrar la presunta desobediencia de Mas.