Manuel Lamela, Juan José Güemes y Javier Fernández-Lasquetty protagonizan el caso de Madrid. Los tres eran consejeros de sanidad y dos de ellos imputados por ocho delitos relacionados con la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud.
Privatización que según Lasquetty “es un proyecto que partió de escuchar las opiniones de centenares de profesionales sanitarios”.
El caballo de Troya en Madrid de esta tríada es Antonio Burgueño, Director General de Hospitales de Madrid, viejo conocido por los valencianos porque fue el Hospital de Alzira, nacido en 1999, el que sentó un importante precedente en cuanto a la sanidad pública de gestión privada, un modelo innovador de adjudicación polémica y que ha estado bajo sospecha en numerosas ocasiones.
Según palabras de Burgueño, el cual está vinculado con los dos grandes Capio y Rivera Salud, respondiendo a la verdadera función social de un Hospital público, “Nadie puede perder dinero con un hospital”.
Esta idea de “qué más da quién lo gestione” también la defendió el Consejero de Sanidad de Castilla la Mancha, José Ignacio Echániz, el cual llegó a comparar la sanidad con un jamón, en el que todavía queda grasa que cortar.
“No es lo mismo quitar la grasa del jamón desde el principio que cuando ya has reducido y empiezas a acercarte a la zona más noble, pero hay margen”.
Jamones cada vez más delgados también en Cataluña. En este caso fue Boi Ruiz, allí el rey de la tijera que no solo recorta presupuestos, sino que además ideó un convenio por el que los médicos públicos del Clinic, hospital de referencia para medio millón de personas, operarían fracturas de cadera en el privado Sagrat Cor.
Desde más arriba cada uno era tutelado en su comunidad por Ana Mato, que firmó ideas como la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y otros planteamientos como la limitación de la reproducción asistida.
Todas las tijeras, autonómicas y nacionales, igualan a todos ante los recortes.