2000 euros por persona, es el precio que debían pagar quienes quisiesen viajar en patera acompañados de un menor.
Una cifra elevada para la mayoría de estos inmigrantes subsaharianos, pero rentable a la hora de garantizarse la entrada en nuestro país. Con la Ley de Extranjería en la mano, los padres biológicos de un niño que llegue de forma irregular a España obtienen trato preferente para acceder a Europa e incluso consiguen evitar un proceso de expulsión que pudiera separarlos del menor.
Las mafias dedicadas al traslado de inmigrantes conocen bien esta ley y habrían comenzado a vender pasajes que incluirían la compañía niños, la mayoría menores de 10 años, para usar como salvoconducto al acceder por mar a Melilla.
Las investigaciones comenzaron el pasado año, después de que la Guardia Civil sacase del agua el cadáver de un menor sin que ninguno de los adultos que viajaban en la patera reclamase su cuerpo y, sobre todo, tras observar cómo distintas madres reclamaban un mismo niño y cómo muchos supuestos padres abandonaban a sus supuestos hijos al conocer que estaban siendo investigados.
"Lo que hacían estos supuestos progenitores es decir que es su hijo, con lo cual eso hace posible que pasen antes a los centros de acogida de inmigrantes, se paraliza su expediente de expulsión y se agiliza su regularización", explica el capitán José Álvarez, portavoz de la Guardia Civil.
Imposible olvidar también unas imágenes del mes de julio. Abrieron muchos informativos y en ellas se veía como los inmigrantes interceptados por patrulleras de la Guardia Civil amenazan con lanzar bebés al agua si se realizaban abordajes. Una ausencia de sentimientos que también despertó las sospechas de los investigadores.
Con la ayuda de las autoridades judiciales, y de varios organismos, como la Interpol o la Fiscalía de Menores, comenzaron las pruebas de ADN a los niños y a sus supuestos padres. En concreto, se realizaron doce pruebas que demostraron que en diez de los casos no existía vinculación biológica entre el menor y el adulto que decía ser su padre.
En la denominada 'Operación Herodoto', doce personas han sido imputadas y los diez menores ya se encuentran bajo la tutela de la Consejería de Bienestar Social de Melilla.