En un aula de cursos para parados, Jordi Évole entrevista a Begoña Cueto, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, quien explica cómo ayuda el Estado a los parados con las políticas activas de empleo. “En España tienen tres grandes patas: Una sería la subvención a la contratación; otra sería la formación; y otra, la labor de orientación que pueden hacer los servicios públicos de empleo”, explica.
Cuando un parado quiere participar en un curso de formación, es él quien “elige”. Sin embargo, Begoña señala que sería que lo mejor es que alguien le oriente. “Lo lógico es que hubiera un orientador pero ahora el servicio público no tiene capacidad suficiente para orientar a los parados que necesitan formación”, comenta.
La profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo explica que tampoco se sabe el número de parados que encontraron trabajo tras hacer un curso ya que “la mayor parte de las evaluaciones se entienden cómo saber cuántos trabajan. Independientemente de vincularlo al curso”. Unos cursos que cuestan unos 2.100 millones de los que nadie evalúa si son eficaces o no. “El control en la Administración se suele entender como un control de que el dinero se gasta”, pero “la eficacia de ese gasto no lo hay”, asevera.
"El servicio público no tiene capacidad para orientar a los parados que necesitan formación"
Esos 2.100 millones destinados a cursos de formación los pagan los trabajadores a través de una cotización en la nómina. “Nosotros vemos nuestra nómina, pues aparece una cotización, además de la desempleo, una cotización de formación del 0,1% y las empresas pagan un 0,6% adicionalmente”, comenta.
La Administración colabora con fondos para esos cursos, aparte de la empresa y el trabajador, “poniendo en torno a 300 millones de euros, con una pequeña parte que pone el Fondo Social Europeo”, asegura Begoña. Además, aclara que la formación es para parados y para personas ocupadas, dividiendo “aproximadamente a la mitad” los 2.100 euros para cada grupo, a pesar de que “se hace poca formación en España para trabajadores ocupados”, asevera. Y es que las empresas grandes hacen más porque fácilmente pueden tener un departamento de formación o pueden organizar con mayor facilidad un curso de formación para esos trabajadores. En el caso de empresas pequeñas resulta más complicado.
La programación de esos cursos se hace en varias etapas. Por una parte “el Ministerio de Empleo junto agentes sociales, sindicatos, la patronal… deciden las prioridades, dónde están los cursos que pueden tener mayor salida de cara al mercado de trabajo”; y por otra parte, “la formación la hacen las comunidades autónomas”, explica Begoña.
En la impartición de los cursos, hay una parte reservada a centros públicos, sindicatos, patronal, y otro, cualquier tipo de academia, o centro de formación. “Están los mismos agentes en todas las etapas de elaboración de la política de formación, desde el diseño hasta la ejecución”, asevera la profesora.
Lo que ven es que “los sindicatos y la patronal dan muchos cursos de formación y que la oferta se mueve poco al cabo del tiempo”. Es decir, se tienen los mismos cursos durante años, aunque no sirvan de nada porque nadie dice nada. “No sabemos qué pasa con los cursos”. El problema Begoña lo que ve en que “en general, las empresas no acuden a las oficinas de empleo para buscar trabajadores”. Y es que como tienen muchos parados pero no hay ninguna empresa que acuda a la oficina para ofrecer vacantes, lo que hacen es hacer cursos “aunque en términos de inserción laboral no sirva”, concluye.