Aznar apura su primera legislatura como presidente. Son los años de las grandes privatizaciones. La economía española crece imparable y el presidente anuncia, por primera vez en la historia, bajadas en los precios de la energía.
Su ministro de Economía va más allá y en 2002 aprueba una ley que impide subidas de la luz superiores al 2%. Suena bien para el votante, pero esconde un problema. ¿Qué pasa si el precio real de la energía sube por encima de ese 2%? ¿Cómo se le pagará a las eléctricas?
Desde que se aprobó la fórmula, el déficit de tarifa ha aumentado a un ritmo aún mayor que el del recibo que tenemos que pagar. Hoy, la deuda viva supera los 30.000 millones de euros, y ya no está en manos de las eléctricas. Éstas fueron a los bancos y cobraron ese dinero transfiriéndoles el derecho de cobro. Es decir, esos 30.000 millones más intereses se los debemos en realidad a los bancos.
De aquí sale el gran problema de todo este asunto. Nadie sabe cuánto le cuesta a las eléctricas producir su energía. Por tanto, se desconoce si lo que pagamos es justo o no. Cada vez son más los que levantan la voz contra un déficit del sistema que consideran un regalo a las eléctricas.
La deuda aumenta en base a unos costes de la energía que el Gobierno reconoce sin más. Nunca se ha hecho una auditoría para saber a qué precio real producen las eléctricas. Y éstas no están dispuestas a que esa auditoría se lleve a cabo.
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