A pesar de reconocer los hechos
Un juez explica por qué los empresarios condenados por la red de prostitución de menores de Murcia no entrarán en prisión
Miguel Rivera, magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, el mismo tribunal que ha juzgado el 'caso Baúl' de la red de prostitución de menores, explica los motivos detrás de la polémica sentencia.
En una sala de vistas en 2015 se van sentando las 10 menores víctimas de explotación sexual en el 'caso Baúl'. Lo hacen para responder a una Fiscalía que, durante la fase de instrucción, se muestra dura, poco empática, a pesar de que le corresponde cuidar los intereses de las víctimas, menores.
"Esto es muy desagradable para todos, no para usted solamente", o "directamente a usted un día se le ocurrió decir 'pues voy a dedicarme a darle masajes a señores mayores y me saco unas perricas', ¿eso pasó?" son algunas de las frases con las que se dirige la fiscal a las menores.
Marta Latorre es profesora de Sociología en la Universidad de Murcia y miembro del colectivo feminista Fuste, que 10 años después de empezar el caso ha estallado de rabia contra el acuerdo de conformidad entre los empresarios acusados, que reconocen los hechos, y la Fiscalía por el que todos quedarán libres.
"El teniente fiscal sustituye a la fiscal responsable del caso y dice: 'No podemos volver a fallar a las víctimas'", apunta Latorre, que considera esta declaración "muy significativa" porque "se asume que sí que se les ha fallado". "Ha habido una ausencia de responsabilidad en esa acusación en el sentido de velar y proteger los intereses de las víctimas", sentencia.
La Fiscalía no ha querido atender a este programa, pero sí Miguel Rivera, magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, el tribunal que ha juzgado los hechos. Defiende que el juez tenía poco margen para conseguir que los acusados entraran en la cárcel "cuando hay un acuerdo entre las acusaciones y las defensas".