Magdalena Álvarez fue consejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, durante la presidencia de Manuel Chaves. Durante su mandato se puso en marcha el convenio marco que ha dado soporte a los EREs irregulares.
Esta semana la Junta de Andalucía recurría la imputación de la exministra que se conocio el pasado 2 de julio, que hasta el día de hoy ha habido muchas claves que explican una imputación que afecta a las altas esferas de la politica española.
El martes 2 de julio del 2013 en la ciudad de Sevilla el rumbo de los ERE cambiaba, ya que la juez Ayala imputaba a la ex ministra Magdalena Álvarez, consejera de Economía y Hacienda de la comunidad andaluza desde el 1994 al 2004.
Es precisamente ese cargo el que provoca su imputación, la juez Ayala afirma en el auto que corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y hacerlo con respeto absoluto a la legalidad. Y en contra del auto, desde la Junta confían en Magdalena desde el principio.
Una semana después, el martes 9 de julio, nos sorprenden a todos afirmando que pagarán con dinero público los servicios jurídicos de los imputados. Se escudan en que serán, únicamente, de los altos cargos en activo y de los funcionarios públicos.
Para ellos, es una decisión administrativa y no política, basada en el reglamento del servicio jurídico de la Junta. Además, afirman que no se pagará la defensa de los que sean declarados culpables. Al principio esta decisión parecía haber abierto una brecha en el Gobierno bipartito, pero ahora todos están de acuerdo.
Las últimas noticias datan del pasado jueves 11 de julio, cuando la Junta de Andalucia presenta un recurso al último auto de imputación de la juez Ayala. Y aunque algunos de los imputados son cargos activos de la Junta, muchos otros, como Magdalena Álvarez, no, y también se están beneficiando.