Boicot a Uber por cubrir el servicio de taxis durante el parón contra el decreto anti-inmigración de Trump

La compañía de transporte de viajeros Uber ha sido casi sin quererlo una de las primeras empresas en recibir los daños colaterales de la orden presidencial firmada por el presidente de EEUU en la que prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países islámicos como Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

Esta decisión provocó que numerosas personas de estos países que se encontraban en vuelo durante la firma de la orden se quedaran retenidas -cuando no detenidas- en los aeropuertos estadounidenses. Entonces comenzaron las movilizaciones por todo el país.

Una de ellas fue la que ordenó la Alianza de Taxistas de Nueva York, compuesta fundamentalmente por trabajadores de origen musulmán. Su primera medida fue una huelga de una hora en la que no recogerían ni llevarían a nadie al aeropuerto JFK de Nueva York. Ellos no, pero Uber sí.

De hecho, en su cuenta de Twitter, anunciaron que durante ese periodo de tiempo bajarían los precios de su servicio, debido, entre otros motivos, a los largos periodos de espera que sus usuarios podrían sufrir.

Este hecho motivó una revuelta en Twitter contra la compañía dirigida por Travis Kalanick. Bajo la etiqueta #DeleteUber, numerosos usuarios comenzaron a borrar sus cuentas en Uber, en protesta por la decisión de continuar con el servicio en el JFK, y también para protestar por la incorporación del CEO de la compañía en el gabinete de asesoramiento económico de Donald Trump.

Horas más tarde, y bajo un escueto comunicado, Uber pidió disculpas, alegando que no quería romper ninguna huelga, sino informar únicamente de que los usuarios podrían seguir utilizando el servicio durante esa noche con total normalidad.

Pero el daño ya estaba hecho, y la marca del corporativismo de la administración Trump parece que ha quedado sellada en Uber. De hecho, su principal rival en Estados Unidos, Lyft, ha aprovechado la ocasión para donar un millón de dólares a la American Civil Liberties Union, que está comenzando su particular lucha contra la orden presidencial de Trump.