Cómo los smartphones de los refugiados se usan para justificar sus deportaciones

La oleada de refugiados que llega desde Siria, a partir del conflicto iniciado en 2011, ha aumentado la presión migratoria en las fronteras de la Unión Europea y ha puesto nerviosos a estados miembros. Tanto es así que algunos de ellos han buscado fórmulas para rebajar las entradas en sus países o aligerar las deportaciones.

En unas de estas tácticas tiene mucho que ver el smartphone. Esa pieza clave para aquellos que lo dejan casi todo atrás, que les sirve para comunicarse con los suyos, para informarse sobre el estado de las fronteras o las posibilidades de acogida, también puede convertirse en el factor que justifique su deportación.

Algunos países, como Alemania y Dinamarca, aprobaron en 2017 una legislación para que sea legal extraer información de los teléfonos de los solicitantes de asilo. No son los únicos. En Reino Unido y en Noruega llevan años con estas prácticas, mientras que Bélgica o Austria han propuesto leyes en este sentido.

Cuando los refugiados llegan a estos países y piden asilo, argumentando que huyen de un conflicto bélico o que están perseguidos por causas políticas, las autoridades tienen derecho a registrar sus teléfonos mediante técnicas forenses digitales. Esto quiere decir que pueden extraer su historial de localizaciones, sus mensajes o incluso su información de WhatsApp.

Los datos que de aquí se extraigan pueden llegar a ser muy importantes, pues pueden decantar la decisión entre la aceptación de la solicitud de asilo y la deportación. Uno de los puntos críticos es el historial de localizaciones. Según la regulación de Dublín sobre inmigración, cualquiera que desee pedir asilo en la Unión Europea tiene que hacerlo en el primer país al que llegue. Pero hay muchos refugiados sirios que llegan a Grecia, un país ya de por sí con una alta tasa de desempleo. Y aquí es donde se complica la situación.

Aquellos que viajan desde Grecia a otros países y piden asilo allí están cometiendo una infracción que puede echar por tierra su solicitud. Si las autoridades del país se enteran de que esa persona ha pasado antes por Grecia y no ha cursado allí la solicitud cuentan con un motivo perfectamente legal para denegarle el asilo.

De ahí que conocer las localizaciones donde ha estado presente esa persona a lo largo de las últimas semanas o meses sea crítico para ella. Aunque la persona en cuestión no ceda sus claves, las autoridades pueden usar productos de compañías como la alemana T3K o la sueca MSAB, especializadas en análisis forense digital para móviles. Según un reportaje publicado en Wired, las autoridades alemanas utilizan un programa llamado Atos, que combina tecnología de las dos empresas anteriores.

Desde que se aprobó la legislación en Alemania hace algo más de seis meses se han registrado unos 8.000 teléfonos. De estos también se extrae, por ejemplo, la configuración del lenguaje, con el fin de comprobar la identidad y el país de origen de esa persona. Y es que para ratificar que alguien ha nacido donde dice a veces se recurre a expertos en lenguaje, para evaluar su acento. Pero la información del teléfono, incluidos los mensajes enviados, pueden dar pistas a las autoridades. Pistas que pueden convertirse en un arsenal de argumentos para justificar una deportación.