Manuel García Castellón hace tiempo que no es considerado un juez al que hay que tener en cuenta por sus resoluciones judiciales. Siempre que aparece su nombre en alguna auto de la Audiencia Nacional todos aquellos que no pertenecen al mundo ideológico ultraderechista y de la reacción conservadora saben que no hay que valorar su decisión en términos jurídicos. Nadie confía en la justicia cuando el juez García Castellón emite uno de sus veredictos, tiene potestad, el poder y el derecho para hacerlo, pero todos sabemos lo que supura detrás de cada auto y de cada sentencia.
La última de sus andanzas ha sido la de querer acusar a Marta Rovira y Carles Puigdemont de terrorismo en la causa de 'Tsunami democràtic', una causa que lleva abierta desde hace cuatro años pero que el juez de cabecera del PP ha considerado elevar a acusación justo la semana en la que ERC y Junts están a punto de llegar a un acuerdo para una investidura de Pedro Sánchez mientras se negocia una amnistía. Independientemente de lo que se piense sobre Carles Puigdemont y Marta Rovira, hay que ser muy fanático o un juez con intereses políticos para creer que cualquiera de ellos ha cometido actos de terrorismo.
El juez García Castellón se pasa por el forro la competencia jurídica y considera que puede llamar a declarar a Carles Puigdemont cuando por su condición de europarlamentario y por tanto aforado el único tribunal competente para tomarle declaración es el Tribunal Supremo. Pero este juez hace tiempo que no tiene en demasiada consideración los procedimientos legales, hay que recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le tuvo que enmendar la plana por querer quitarle la condición de interesado a Pablo Iglesias en el intento vano que tuvo por juzgarle para que tuviera que dimitir como vicepresidente del gobierno.
La petición de juicio por delitos de terrorismo contra Marta Rovira y Carles Puigdemont viene motivada por un informe de la Guardia Civil que los señala. No es necesario para quien conoce el proceder de la Benemérita poner en duda cualquier informe que el cuerpo haga cuando va destinado a disciplinar a uno de los enemigos de España, ya sea independentismo, izquierda o cualquier ideología antisistema y antifascista.
Sirva como ejemplo del nivel lisérgico de los informes que la Guardia Civil presenta contra algunos de los que consideran la 'antiespaña' el informe que presentaron para intentar juzgar al gobierno por la responsabilidad de celebrar el 8M en el momento en el que se iniciaba la pandemia de COVID. La Guardia Civil no es que cometiera errores en el informe que buscaba acusar al gobierno de Pedro Sánchez de prevaricación administrativa, es que llegó a manipular declaraciones de testigo para llevarlas a la dirección acusatoria que pretendían, o se inventaron conclusiones de informes para mentir, diciendo que el gobierno aconsejaba no ir a eventos multitudinarios antes de la manifestación del 8M. La Guardia Civil mintió y manipuló declaraciones y documentos para culpar al gobierno y eso es un hecho probado. Como para tener en consideración los informes de la Benemérita a la hora de juzgar a sus enemigos.
La reacción ultra que también anida en la judicatura está poniendo cada vez más fácil defender la necesidad de la amnistía, incluso sin considerarla una ley prioritaria y de carácter progresista. Los intentos antidemocráticos por intervenir en la soberanía popular representada en el Parlamento están convirtiendo la investidura en un imperativo categórico moral. La derecha siempre intenta tomar decisiones complejas en falsos dilemas, pero esta vez con su actuación está poniendo sencillo posicionarse a los progresistas. Una reacción fascista ante las decisiones democráticas de los partidos que lograron una mayoría plural en el Congreso ha situado a la izquierda ante una posición sencilla. Se trata de elegir entre amnistía o golpismo.
