El juez Manuel García Castellón instaló un cepo en un auto y el PSOE metió la pata hasta el corvejón. La Audiencia Nacional se ha apuntado un punto. Las artimañas políticas se pueden hacer desde fuera del Congreso con la misma eficiencia, o más, que ostentando un escaño en el Parlamento. El juez García Castellón ha logrado hacer el enésimo favor al partido que soñaba con traerlo de vuelta de Roma por ser más favorable a sus intereses en unas conversaciones pinchadas entre corruptos del partido. El diputado 138 de Feijóo es la mejor pieza del PP en su lucha contra la amnistía.

La estrategia es sencilla pero efectiva. El juez García Castellón sabe que imputarle un delito de prevaricación es muy difícil, por el corporativismo y la laxitud que permite la ley, así que no busca condena ni que sus resoluciones tengan recorrido jurídico, tan solo influir con sus decisiones y hacer que la ley de amnistía sea lo más lesiva posible para el gobierno. La inclusión del delito de terrorismo en la ley de amnistía mediante una enmienda del PSOE Junts se ha producido porque García Castellón retorció la ley, porque el Código Penal se lo permite, para incluir a Marta Rovira y Carles Puigdemont en esa acusación. Al hacerlo, provoca, porque es lo que buscaba, esa modificación del texto para que la oposición tenga más argumentos. Porque es complicado argumentar que no se modifica la ley de amnistía para beneficiar personalmente a Puigdemont y salvarle de esa acusación. La línea de actuación discursiva es clara y de difícil combate: Puigdemont usa los votos que el Gobierno necesita para salvarse de la acusación de terrorismo y Pedro Sánchez cede amnistiando a terroristas.

García Castellón, que funciona de facto como el diputado 138 de Feijóo, tiene pocos escrúpulos y actúa siendo consciente de la carga política de sus decisiones. En el auto en el que el juez Manuel García Castellón imputaba a Marta Rovira e incluye para que se impute a Carles Puigdemont por terrorismo establece que, cuatro años después, se produzca la posibilidad de que la Guardia Civil investigue la muerte de un ciudadano francés que murió de un infarto en El Prat. El juez incluye esa muerte por causa natural para vincularlo al bloqueo de El Prat y poder acusar a los manifestantes de esa muerte y después elevarlo a los organizadores del procés. La intención del juez es que la causa se declare inamnistiable al tratarse de un delito de terrorismo con causa de muerte, lo que sería un delito de lesa humanidad, y por lo tanto sin posibilidad de que salga adelante por la legislación europea. Para el juez no importa que el servicio médico asegurara que el hombre estaba en otra terminal diferente a la del bloqueo, que pudiera ser atendido sin problema por los médicos y que fuera trasladado en helicóptero en solo tres minutos al hospital de Bellvitge. El juez no incluye ese informe en el auto para soportar toda su maniobra porque no importan los hechos que no sirvan para el cometido. Lo importante de la causa es tumbar una decisión que emane de la soberanía nacional o perjudicar al Gobierno teniendo que modificar la ley para incluir un delito de terrorismo en la amnistía y causar portadas que hagan daño a Pedro Sánchez.

El problema principal es que en España exista la posibilidad de encausar por terrorismo a personas que no han cometido ningún delito de terrorismo ensanchando el delito hasta vaciarlo de significado. Se usa la acusación de terrorismo con fines políticos, no solo desde la conformación del Código Penal, sino desde la judicatura para intervenir en la conformación de una ley y perjudicar políticamente a un Gobierno que no les gusta. Carles Puigdemont y Marta Rovira no son terroristas ni han cometido ningún delito de terrorismo, pero el Código Penal permite con su construcción imputar por esos delitos a quien no lo ha cometido.

El Gobierno comete dos errores con su actuación, pero el principal no es el de conceder a Puigdemont una amnistía ad hoc, sino no reflexionar sobre nuestra estructura penal que incluye la posibilidad de acusar de terrorismo a quien no lo es, y ese hecho queda en evidencia en el momento en el que concluyes que hay acusaciones de terrorismo que pueden ser amnistiadas porque son más leves, que es lo mismo que decir que en España se está usando el delito de terrorismo con intencionalidades políticas. Ese es el reconocimiento grave y la asunción de que nuestra democracia tiene graves carencias.

Fe de errores: en una versión inicial de este artículo se escribió 137 en lugar de 138, que es la cifa correcta.