María Jesús Montero tiene que pedir disculpas y rectificar. O dimitir. Es incompatible con el Estado de derecho ser vicepresidenta del Gobierno y demoler uno de los principios fundamentales como es la presunción de inocencia. No sé qué es lo que pretendía en esa declaración mitinera y si quería dejar llevarse por una pulsión populista que buscase el favor de movimientos indignados por una resolución judicial. Pero si iniciamos el camino de la eliminación de derechos fundamentales para ganar un espacio de representación nos arrepentiremos más pronto que tarde.

Las sentencias se pueden discutir razonadamente, se pueden contraargumentar, se puede estar en desacuerdo y se las puede criticar. Pero estar en contra de una resolución judicial no puede ser justificación para, por elevación, acabar con los pilares fundamentales que sustentan una democracia. Y la presunción de inocencia es uno de los principales. Porque sin la presunción de inocencia valdrá una simple declaración de un enemigo o de quien considere que tiene que apartarte para que las cárceles se llenen de personas inocentes. María Jesús Montero acudió rauda a defender a su jefe de gabinete de las acusaciones de Aldama, y hace bien, porque que un individuo haga una acusación nunca puede ser motivo de culpabilidad sin pruebas. Eso que María Jesús Montero ve claro con su jefe de gabinete, Begoña Gómez o el Fiscal General debe verlo, por mucho que le repugne, con los acusados de agresión sexual.

La declaración de Maria Jesús Montero además es falsa y da argumentos a la extrema derecha cuando decían precisamente que bastaría una denuncia sin probar para meter a alguien en la cárcel. Eso no es así ni debe serlo y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prueba que no basta con una declaración de una víctima para condenar a nadie. Esa declaración de la víctima tiene que cumplir con unos condicionantes sustentados en pruebas periféricas objetivas que cuando no se cumplen llevan a la absolución. Y eso está bien, porque por mucho que nos indigne un caso en particular la proclama de que más vale 100 culpables sin condenar que un inocente en la cárcel es una verdad absoluta en democracia y si se pierden las garantías procesales estaremos en un proceso de autoritarismo que desde el progresismo nadie quiere.

Estamos perdiendo el norte. Lo estamos haciendo apoyándonos en causas justas para avanzar hacia procesos regresivos que los ultras utilizarán con agresividad y crueldad en proceso reactivo que estamos abonando con nuestros comportamientos. Si exigimos que una declaración pueda ser motivo para encarcelar a alguien no seremos en la izquierda los que recojamos los frutos, sino los que acabaremos con nuestros huesos en la cárcel en procesos sumarios. Lo sabemos porque ya ocurre, y ocurre porque la presunción de veracidad que anida en la policía lleva a la cárcel a gente como los 6 de Zaragoza. Porque claro que en España hay gente que acaba en la cárcel solo con una declaración, lo hace cuando un policía lo dice, aunque mienta, porque también mienten. Extender esa cualidad hacía cualquier colectivo solo provocará una indefensión absoluta.

Lo grave es que la ley de protección a las mujeres no hace eso. No basta con una declaración. Y las reacciones a la sentencia sobre Daniel Alves se justifican pidiendo que sea así cayendo en todas las trampas y acusaciones que los ultras han hecho sobre una ley justa y necesaria. Las nuevas trincheras digitales, sectarias, esencialistas y demonizadoras de la disensión acaban convirtiéndose en la caricatura que la reacción ha hecho de la izquierda y del feminismo. No se puede argumentar para mostrarse en contra de la sentencia que absuelve a Daniel Alves que el acusado cambió de versión cinco veces, porque el acusado tiene derecho a mentir, no recae en él la carga de la prueba. No se puede decir que esta sentencia es una muestra de que los jueces necesitan formación en violencia machista cuando una de las ponentes ha sido la presidenta de la comisión de Igualdad de Juezas y Jueces por la democracia, porque entonces cuando haya un juez machista nadie tendrá en cuenta esas acusaciones. Necesitamos una defensa humanista de los valores de justicia social sin perder el foco en posiciones bunkerizadas porque acabará con nosotros. La defensa de las mujeres que sufren violencia machista tiene que ser compatible con una lucha racional y argumentada por el resto de derechos fundamentales que no nos convierta en el meme que la extrema derecha quiere que seamos.